La Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación,advierte sobre el dato negativo publicado por el INE el pasado mes de octubre, que revelaba que la morosidad afectaba de una manera u otra a mas 1,5 millones de hogares.

De este modo resalta que la cifra de 938 familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 938 durante 2009, lo que supone un incremento del 132,2% respecto a 2008.

Por ello, desde esta organización exijen a las autoridades la adopción de las medidas necesarias para rebajar el peso del endeudamiento en el marco de una política global que controle el peligroso nivel de endeudamiento de los hogares españoles y solvente las situaciones de sobreendeudamiento (incluyendo una ley de “quiebra familiar”).

El número mas importante de familias que se haya acogido al procedimiento de la Ley Concursal se encuentra en Madrid (182), Cataluña (180) y Andalucía (138), siendo el número de familias endeudadas menor en Navarra (29), Ceuta y Melilla (2) y Extremadura (1).

El 21 de octubre 2009, en su Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), el Instituto Nacional de Consumo apuntaba que en el segundo trimestre del 2008, 901.300 familias no habían estado en condiciones de atender sus recibos relacionados con la vivienda (la hipoteca, la luz, el gas o los gastos de comunidad), lo que representa el 5,4%. El estudio revelaba además que unas 667.200 familias habían retrasado el pago de algún recibo no vinculado directamente con la vivienda (teléfono, educación, gastos sanitarios o tarjeta de crédito). La morosidad afectaba entonces, ya en los primeros meses de la crisis, a 1,57 millones de hogares, casi un 10% de los 16,5 millones que hay en España. ASGECO Confederación destaca además como dato más impactante que el 35,3% de los hogares acumulan retrasos que representan más del 10% de los ingresos mensuales del hogar.

ASGECO reitera que la Ley Concursal no es adecuada para las situaciones de sobreendeudamiento familiar, resaltando especialmente el alto coste de la asistencia legal en este procedimiento (abogado, procurador, notario, etc.) La utilización de este texto legal fuera de su ámbito natural de aplicación no remedia a la flagrante situación de total indefensión que padecen centenas de familias españolas a la hora de enfrentarse con sus acreedores.

 

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