Imagen de la UCI de Guadalajara.

Dice el Gobierno de España que los medios de comunicación son un servicio esencial, pero lo realmente esencial en una pandemia como la que estamos afrontando, son los datos que esos medios podemos ofrecer y la tarea es más que difícil, pues en Castilla-La Mancha vamos de más a menos, cada día que pasa, con los datos que facilita la Administración regional.

Aparte de no conocer los datos por municipios o áreas de salud, como se está haciendo en otras Comunidades Autónomas como Castilla y León, y fue el propio presidente Emiliano García-Page quien destacó la similitud  de ambas comunidades en la incidencia del coronavirus, ya no sabemos ni siquiera los datos provincializados de pacientes recuperados y eso que este es un dato positivo y de esperanza.

Tampoco sabemos ya cuántos pacientes requieren respirador, cuántas residencias de mayores hay afectadas, ni los datos sobre éstas en cuanto a positivos y fallecidos.

El derecho a la información que ampara la Constitución no es exclusivo de periodistas, sino de todo ciudadano, y no se está cumpliendo, pero más allá de la queja profesional, la preocupación es mayor porque incluso dudamos si quienes tienen que manejar estos datos con ventaja, para marcar su estrategia en la lucha contra el COVID-19 están disponiendo de ellos.

Me refirió a por ejemplo si la Diputación de Guadalajara sabe cuántos  afectados hay por municipios para poder incrementar sus recursos allí donde más lo necesiten.

Si los trabajadores del Geacam conocen cuántas y cuáles son las residencias de ancianos afectadas para organizar su tabla de desinfecciones.

Si los científicos que estudian esta pandemia están teniendo esa información de lo que pasa en Castilla-La Mancha, porque evidentemente la explicación del efecto Madrid al que recurre García-Page no cuadra, cuando precisamente las dos provincias más alejadas, como lo son Albacete y Ciudad Real, encabezan el número de contagios y el número de hospitalizados.

Si Cruz Roja de Guadalajara conoce donde hay que activar a voluntarios extras o sencillamente si un vecino de cualquier pueblo que quiera echar una mano en su entorno sabe si lo necesitan.

Desde todas las administraciones se nos dice que se acuda a fuentes oficiales en un sentido de responsabilidad informativa, pero deberán de entender que cuando esas fuentes no funcionan, el rumor se convierte en noticia y eso no es bueno.

No se trata de hacer crítica, sino sencillamente de exigir algo que es esencial, el dato informativo.

Qué los periodistas gráficos no puedan entrar a documentar con imágenes en hospitales, residencias de mayores y otros focos de la actualidad es otra cuestión aparte. Entiendo que no son momentos para molestar, pero con tantos periodistas en nómina que tiene la administración regional ya podían documentar estas imágenes, con un concepto de servicio al ciudadano, más que a sus jefes.

Siempre nos quedarán las imágenes que nos hacen llegar profesionales sanitarios y sociales, que han demostrado ser la mejor fuente oficial.