Imagen de una mega planta solar fotovoltaíca. Imagen de una mega planta solar fotovoltaíca.

Ecologistas en Acción denuncia la avalancha de megaproyectos fotovoltaícos en Guadalajara

Ecologistas en Acción de Guadalajara ha tenido que contratar a una abogada y ha creado un equipo de 12 personas voluntarias para poder leer, analizar y elaborar escritos de alegaciones por la avalancha de megaproyectos fotovoltaícos que se están tramitando en Guadalajara, "con graves impactos sociales y ambientales que afectarían a la mayor parte de nuestra provincia". Desde el pasado mes de noviembre, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a proyectos de fotovoltaica y eólica que afectan a municipios como Jadraque, Almadrones, Yebra, Algora, Torremocha del Campo, Galápagos, El Casar, Valdegrudas, Yunquera, Alovera, Villanueva y Quer, entre otros.

Además, la asociación ambientalista está preparando los escritos correspondientes para los 13 proyectos que afectan a Budía, San Andrés del Rey y Peralveche, así como para Alcolea del Pinar y Caspueñas

Ecologistas en Acción explica que estos proyectos de plantas fotovoltaicas supondrán, de aprobarse, miles de hectáreas ocupadas y valladas. "Esto generaría un importante impacto en forma de barreras y fragmentación del territorio humano así como de los ecosistemas, por su afección a las actividades agropecuarias y a los hábitats de especies en peligro de extinción que se encuentran en la provincia. El impacto socioeconómico, y sobre todo el ambiental, no será compensado por el posible beneficio que puedan generar estas plantas".

Por ello, Ecologistas en Acción valora negativamente el apoyo expreso manifestado por parte de la administración regional al despliegue de estas mega plantas solares, "que se está plasmando en una gestión carente de criterios socioambientales realmente sostenibles, así como de planificación y de control. En consecuencia, se está ocasionando un tremendo desasosiego a vecinos y personas afectadas para desempeñar su actividad agraria o ganadera", señalan.

"Sorprende la ausencia de un plan, por parte de la administración castellano manchega, para reducir los consumos, sustituir energías contaminantes por menos contaminantes, aprovechar las miles de hectáreas de tejados y azoteas disponibles en los núcleos urbanos e industriales, que permita encauzar y gestionar adecuadamente proyectos como estos, que en opinión de Ecologistas en Acción generan un problema, por mucho que se nos muestre como una oportunidad", denuncian.

Para Ecologistas en Acción no resulta lógico que no se impulse pequeños proyectos de auto consumo, sobre todo en zonas urbanas, y si estos grandes proyectos de megaplantas donde "las grandes empresas eléctricas que han aterrizado en nuestra provincia, anuncian la construcción de megaplantas con bastante antelación para subir en bolsa y recibir fondos europeos, y utilizan técnicas para conseguir terrenos, e incluso modificar futuros espacios protegidos, dignas de un manual de burladores de los resquicios legales".

Recuerdan que este aluvión de procedimientos ha desbordado también a la administración que ha tenido que contratar administrativos y técnicos. "Y a las instituciones y organizaciones sociales que tenemos que leer proyectos de más de 900 páginas, ¿quién les ayuda? ¿Por qué no se amplían los plazos de exposición pública? Las notificaciones a las asociaciones ambientalistas llegan ahora desde tres organismos regionales: desde la Dirección General de Transición Energética en Toledo, desde el servicio de Evaluación Ambiental y desde el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible", se preguntan. 

Por último Ecologistas en Acción de Guadalajara anuncia que va a seguir presentado escritos de alegaciones y denuncias por fragmentación de proyectos, "dejando en entredicho memorias ambientales que son el resultado de un copia-pega masivo, y que incluyen gran cantidad de falacias, que están poniendo en entredicho el normal procedimiento de la evaluación ambiental en nuestra región y nuestro país. Se evidencia la incapacidad de una administración regional que vele por el patrimonio natural y cultural, así como por  la agricultura, la ganadería, el turismo y que evite la despoblación del medio rural", concluyen.

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