Ariel Jerez y David Llorente en las balsa abandonada del regadío de Cogolludo Ariel Jerez y David Llorente en las balsa abandonada del regadío de Cogolludo

Podemos pide informe exhaustivo sobre el regadío de Cogolludo

El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado en las Cortes regionales este pasado lunes la solicitud de un informe exhaustivo sobre el procedimiento administrativo de la obra y su financiación del regadío de Cogolludo, así como sobre la concesión de caudales para la misma por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

David Llorente, portavoz de Podemos en las Cortes, ha declarado que “antes de proseguir la obra se deberían aclarar responsabilidades y hacerse un estudio de viabilidad” y ha lamentado que “desde el PSOE se pretenda culpar ahora a Podemos de la irresponsabilidad, abandono y mala gestión de los anteriores gobiernos. Hay dinero, pero falta eficacia y sobran pretextos.”

Ariel Jerez y David Llorente han visitado recientemente el municipio de Cogolludo para conocer de primera mano la problemática de la obra de construcción y mejora del regadío proyectado en la zona. Allí se han entrevistado con agricultores locales, que les han aportado información detallada sobre el desarrollo y la situación del proyecto.

De acuerdo con el testimonio de estos agricultores, el regadío de Cogolludo se formuló como promesa electoral por primera vez en 1995, aunque no sería hasta 2001 cuando la Consejería de Agricultura comenzó a impulsarlo en la práctica. El proyecto inicial consistía en bombear agua desde la presa de Alcorlo, con 80 metros de desnivel, hasta una balsa artificial desde la que se distribuiría el agua por una red de tuberías. Sin embargo, el proyecto final realiza la captación de agua desde el río Henares, con un desnivel de 260 metros, incrementando notablemente el coste energético del bombeo. Los agricultores han tenido que hacerse cargo además del coste de construcción de la balsa, cuando esta se considera de interés general y la partida correspondiente de 845.000 euros debería haber sido sufragada íntegramente por la Junta de Comunidades.

Todas estas modificaciones sustanciales, con importantes repercusiones económicas, se han llevado a cabo sin informar ni consultar a los agricultores, quienes solicitaron en su momento un préstamo a Caja Guadalajara conforme al proyecto inicial y a los compromisos adquiridos por la Junta. La situación se agravó cuando la Junta dejó de cumplir sus compromisos y la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores. Cerca de la mitad de los regantes han renunciado ya al proyecto y cuestionan en cualquier caso la rentabilidad del regadío, atendiendo también a la experiencia fallida del regadío de la localidad vecina de Arbancón. No obstante, Caixabank, entidad que absorbió a Caja Guadalajara, reclama ahora la devolución del préstamo y amenaza con embargos a los agricultores, a pesar de que la obra no ha sido finalizada.

Los agricultores han guiado a Ariel Jerez y David Llorente monte arriba hasta la balsa de distribución, donde han podido comprobar directamente sobre el terreno el lamentable estado de abandono y deterioro de esta obra en la que se han invertido más de 10 millones de euros de distintas Administraciones Públicas. A Llorente y Jerez les ha sorprendido particularmente que esta obra pública se encuentre ubicada dentro de una finca privada, pese a que los regantes habían reclamado que se construyese en un extenso terreno colindante de monte público.

La finca privada pertenece a la Bodega Río Negro, propiedad de la familia Fuentes, emparentada con Virgilio Zapatero. Según los agricultores, la empresa habría firmado un documento por el que la balsa pasaría a ser de su propiedad de no prosperar el regadío.

Como ha señalado Ariel Jerez, “este parece ser un caso típico de un patrón más amplio en España, asociado a políticas de extensión del regadío y las infraestructuras hidráulicas, en el que se conjugan los hechos consumados, la falta de transparencia y el endeudamiento inducido de las administraciones públicas y los pequeños productores.” Este patrón ha sido denunciado en el ‘Estudio sobre la estructura de la propiedad de la tierra en España: Concentración y acaparamiento’, promovido por diversas organizaciones agrarias y presentado en marzo de este año en el Congreso de los Diputados.

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