El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2017, que aprobó las nuevas tarifas conforme al criterio exigido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, un hecho al que la consejera de Fomento, Agustina García Élez, se ha referido como “un resultado al trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo”, ya que “las tarifas que se estaban aplicando al trasvase no eran las correctas, había deficiencias en las reglas que se estaba aplicando”.

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El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha reunido hoy en Toledo a los representantes de los regantes de las cuatro cuencas hidrográficas más importantes de la región -Tajo, Guadiana, Júcar y Segura- de los que ha obtenido el compromiso para llevar una sola voz en defensa del agua y de los ríos de Castilla-La Mancha, a través de la constitución de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de resucitar el trasvase el 1 de abril, y que el Gobierno regional va a recurrir.

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La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos –APAG-, los regantes de la Comunidad del Bornova, del Canal del Henares y regantes particulares han comparecido públicamente esta mañana para exigir que se lleve a cabo con urgencia la obra de conexión Sorbe-Bornova.

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La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha defendido hoy ante los propios usuarios del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) la necesidad de “abandonar debates estériles que no conducen a ninguna solución” y “avanzar ya hacia alternativas reales y verdaderas” a una infraestructura, el propio trasvase, que a su juicio está condenada al fracaso debido a la reducción significativa de las aportaciones en la cabecera.
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"El Partido Popular de Guadalajara vuelve a traicionar a la provincia, y en concreto a los regantes de Cogolludo" ha manifestado el diputado del PSOE de Guadalajara en las Cortes regionales, José Luís Escudero, "el viernes pasado cuando procedíamos a votar y a aprobar los presupuestos regionales el PP de Castilla-La Mancha se alió con la enmienda del grupo parlamentario PODEMOS y eso hizo que la enmienda ponga en peligro la inversión que tenía prevista el gobierno de Castilla-La Mancha para concluir las estructuras que iban a permitir modernizar los regadíos de más de doscientas familias de Cogolludo".

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Desde la Asociación Provincial de Agricultores, APAG, denuncian que un año más y a pesar de la intensas lluvias de esta primavera, los regantes de la provincia de Guadalajara tendrán restricciones en sus riegos como consecuencia de la falta de planificación hidráulica.
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Antonio Luengo, el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Fomento del Gobierno regional, se ha reunido en Guadalajara con 23 representantes de 14 comunidades de regantes, además de asociaciones agrarias de la provincia como UPA, APAG y COAG, en el marco de la ronda de reuniones que el Ejecutivo que preside Emiliano-García-Page está sosteniendo con el sector para perfilar los argumentos definitivos de los recursos a los planes hidrológicos que afectan negativamente a la Comunidad Autónoma. A la reunión han asistido también el delegado provincial de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Alberto Rojo, y el director provincial de la Consejería de Fomento, Julio Calle.
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La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha manifestado hoy en Guadalajara que las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación hoy, y en las que los órganos de representación de los regantes del Segura reclaman un nuevo trasvase, suponen un alto riesgo de que se produzca.
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En declaraciones a Radio Televisión de Castilla-La Mancha, la consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, ha replicado al presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) del Acueducto Tajo-Segura, José Miguel Claver, que había reprochado al ejecutivo castellano-manchego por los recursos interpuestos a los seis últimos trasvases.
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