Juan Antonio Ibañez, ex presidente de Urbas. Juan Antonio Ibañez, ex presidente de Urbas.

Fiscalía pide ocho años de cárcel para el presidente y ex presidente de Urbas por la ampliación de 2015

La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y 8 años de cárcel para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, por supuestos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015.

En una nota de prensa fechada este viernes, el Ministerio Público, que pide que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación, reclama penas que oscilan entre los 6 años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos.

El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama puso fin a la instrucción -iniciada en 2017 a raíz de la querella de Anticorrupción-, sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos presuntamente "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Fue en 2004 cuando el grupo promotor Guadahermosa con sede en Guadalajara, y con el exalacalde Javier de Irízar y Juan Antonio Ibánez como administradores, se hizo con el control de hasta el 25% del capital y la gestión de la promotora madrileña Urbas tras llegar al acuerdo de ampliar el capital de ésta última en 29,83 millones de euros. En 2006 se fusionó con Guadahermosa Proyectos urbanísticos y de hecho la compañía pasó a denominarse Urbas Guadahermosa, aunque en 2011, pasó a llamarse Urbas Grupo financiero S.A., ya entonces con el que en esa fecha era senador, Javier de Irízar, fuera del accionariado, pues e apartó de la empresa en 2008.

No ocurre lo mismo con el otro guadalajareño de la compañía, Juan Antonio Ibánez, que sigue en la empresa Urbas y de hecho era presidente en el momento de la polémica ampliación de capital que ahora se juzga y lo fue hasta 2019, cuando el entonces vicepresidente, Juan Antonio Acedo, asume el cargo.

Este procedimiento judicial contra Urbas se inició en 2017 a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción- sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Al margen de la operación objeto de investigación, Urbas acordó en julio de 2019 una nueva ampliación de capital, esta vez mediante la capitalización de deuda por un importe total de hasta 39 millones de euros.

Hace apenas unos días urbas que había ha adquirido el 100% del capital de la compañía Sainsol Energía, empresa especializada en el sector del autoconsumo fotovoltaíco. 

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