El Gobierno deja en manos del Supremo la última palabra sobre las restricciones en las CC.AA. tras el estado de alarma. El Gobierno deja en manos del Supremo la última palabra sobre las restricciones en las CC.AA. tras el estado de alarma.

El Supremo tendrá la última palabra sobre las restricciones tras el estado de alarma

A pocos días de que se extinga el estado de alarma contra el coronavirus, el Gobierno ha establecido por decreto que el Tribunal Supremo será la instancia judicial que tendrá la última palabra sobre las restricciones que impongan las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia, al permitir que los gobiernos autonómicos puedan presentar recurso de casación ante el Alto Tribunal si algún Tribunal Superior de Justicia tumba, como ya ocurriera el pasado año, alguna de las medidas sanitarias que se aprueben.

Así lo ha anunciado, tras la reunión este martes del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, quien ha defendido que este cambio jurisdiccional, incluido en un paquete de medidas para afrontar el final del estado de alarma, permitirá "seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos fundamentales" con una adecuada garantía judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley con medidas sociales, sanitarias y jurisdiccionales para aplicar al finalizar el estado de alarma en el que establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España.

Además prorroga por 3 meses medidas extraordinarias como el suministro de agua, electricidad y gas natural a colectivos vulnerables, a víctimas de violencia de género y suspende los procedimientos y lanzamientos de vivienda, entre otras.

Prevé la posibilidad de recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo las medidas que limiten o restrinjan derechos fundamentales, a fin de garantizar la coherencia del sistema y mejorar la seguridad jurídica.

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