El alcalde de Guadalajara cree que “existe cierta instrumentalización política” detrás de la denuncia de Circos Reunidos. El alcalde de Guadalajara cree que “existe cierta instrumentalización política” detrás de la denuncia de Circos Reunidos.

El alcalde Guadalajara, Alberto Rojo, censura “las presiones y chantajes” de Circos Reunidos

El alcalde Guadalajara, Alberto Rojo, censura “las presiones y chantajes” recibidos por parte de Circos Reunidos tras la decisión adoptada por el equipo de Gobierno de no conceder la ocupación de la vía pública a circos que trabajan con animales.

En las últimas horas, el equipo de Gobierno ha conocido que Circos Reunidos presentó en la tarde del lunes una denuncia en un juzgado de Madrid tras la negativa del alcalde a acceder al chantaje de “revertir la decisión adoptada en menos de 48 horas”. 

La denuncia se presentaba en el mismo momento en el que desde Alcaldía, pese a los chantajes, se ofrecía la posibilidad de celebrar una reunión este mismo jueves. “Una reunión que desde Circos Reunidos rechazaron por cuestiones de agenda al tiempo que aseguraban querer zanjar esta cuestión con una apretón de manos”. 

La contradicción de solicitar una reunión mientras se consumaba el chantaje y se presentaba la denuncia es lo que lleva a Alberto Rojo a pensar que “existe cierta instrumentalización política detrás de este asunto en el que seguramente algún grupo de la oposición tiene mucho empeño”. 

Alberto Rojo asegura sentirse “completamente tranquilo” y recuerda que su Gobierno trabaja siempre “desde el máximo respeto a la Ley, pensando siempre en el interés general”, eso sí, “sin tolerar ningún tipo de chantaje o amenazas”. 

En este sentido recuerda que la concesión para la ocupación de la vía pública es “discrecional” y que en base a esa discrecionalidad se ha decidido suspender la autorización para la celebración de espectáculos circenses con animales en el dominio público, en espera de una regulación legal superior.

El alcalde insiste en que esta decisión cuenta con el respaldo absoluto de informes técnicos y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “No se trata de ninguna denuncia penal formulada por un abogado sino de una petición que hacen al juzgado para poder instalarse en la vía pública alegando fines pedagógicos. Un escrito que no tiene mucha lógica”, ha sentenciado.

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