San Vicente de Paúl ha aclarado que él fue el promotor de las viviendas construidas en esos terrenos "con ayuda de muchas instituciones públicas y privadas, de personas físicas que aportaron materiales y su trabajo".
"Las personas que inicialmente habitaron las casas eran muy humildes, sin ningún tipo de capacidad económica" y que "debido a como se donaron los terrenos no podían venderse a los inquilinos iniciales ya que, si alguien hubiera hecho negocio con ellas, automáticamente habría revertido la propiedad de esos terrenos a sus donantes".
Ha explicado que, según la calificación definitiva de las viviendas, "los inquilinos tenían que pagar cerca de 500 pesetas al mes, pero solo les pasaban recibos por unas 150 pesetas, porque no tenían capacidad para abonar más", que no daba para pagar todos los gastos", entre ellos "los dos préstamos hipotecarios que las casas tenían desde un principio y ya desde el inicio fueron deficitarias cubriendo la Sociedad de San Vicente el déficit generado".
Ha negado haber recibido subvenciones para uso y mantenimiento de las viviendas, que estén desalojando a familias "originalmente adjudicatarias" e irregularidades contables.
Sobre los desahucios en marcha, se ha preguntado "qué hubieran hecho los que se dicen tan solidarios cuando una persona que trabaja y tiene un alquiler de 50 euros al mes, pero que desde hace ocho años no paga porque no quiere.
"Y, además, tiene la luz enganchada a otra familia que le dan una vivienda de protección oficial, la alquila a un tercero y se queda viviendo en nuestras casas sin pagar", entre otros casos irregulares, "mientras hay otras familias necesitadas que no pueden entrar a esas viviendas y están en la calle".
Ha aclarado que "no vamos a desahuciar a las personas que no pagan porque no pueden, sino a los que, pudiendo, se niegan a pagar. No hacerlo de esta forma sería muy injusto para los que pagan y colaboran así al sostenimiento de las viviendas".
Y ha concluido reiterando que "por activa y por pasiva les hemos ofrecido a las administraciones, especialmente a la Junta, que se queden con las casas a coste cero porque nuestra labor no es gestionar ladrillos".
