El alcalde de la capital, Antonio Román, quien ha ratificado que “ante el problema que la Junta de Comunidades tiene en Guadalajara”, el Ayuntamiento ha tratado de actuar intentando garantizar la seguridad de las familias que residen en el inmueble. El alcalde de la capital, Antonio Román, quien ha ratificado que “ante el problema que la Junta de Comunidades tiene en Guadalajara”, el Ayuntamiento ha tratado de actuar intentando garantizar la seguridad de las familias que residen en el inmueble. Foto: Jesús Ropero / Ayuntamiento de Guadalajara.

Son sesenta y tres las personas que han tenido que ser alojadas en hoteles por el edificio desalojado

Son sesenta y tres las personas que han tenido que ser alojadas en hoteles de Guadalajara después de que el edificio de viviendas sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que residían tuviera que ser desalojado ante lo que el Ayuntamiento de Guadalajara si apunta como un riesgo de derrumbe.

Así lo ha señalado hoy el alcalde de la capital, Antonio Román, quien ha ratificado que “ante el problema que la Junta de Comunidades tiene en Guadalajara”, el Ayuntamiento ha tratado de actuar intentando garantizar la seguridad de las familias que residen en el inmueble.

Román ha manifestado que, al tratarse de un edificio en régimen de alquiler gestionado por el gobierno autonómico, va a ser la administración regional quien corra con los gastos derivados del alojamiento y manutención de las familias que han tenido que ser derivadas a hoteles. Asimismo, ha informado de que la JCCM ha encomendado a ACCEM las gestiones correspondientes al realojo de las mismas.

El alcalde de Guadalajara ha señalado que el gobierno de Castilla-La Mancha ha encargado a una empresa especializada la elaboración de un estudio diagnóstico de la situación del edificio y que la Junta deberá remitir al Ayuntamiento los correspondientes informes de la situación del inmueble, de las actuaciones que es preciso realizar y de los plazos, que determinarán la autorización del realojo total o parcial de la vivienda. El Ayuntamiento exigirá el cumplimiento de las normas y garantías de seguridad para las familias residentes. EA partir de la recepción de dichos informes, “se actuará con la mayor agilidad posible para determinar si dichas familias pueden volver a sus hogares, pero siempre con una prioridad que es garantizar la seguridad de las personas”.

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