Casi un centenar de personas protestaban a las puertas de la viviendas contra este desahucio, con enfrentamientos con algunos vecinos de la zona. Casi un centenar de personas protestaban a las puertas de la viviendas contra este desahucio, con enfrentamientos con algunos vecinos de la zona.

Suspendido por tercera vez el desahucio en el Alamín

Por tercera vez consecutiva ayer quedaba suspendido el desahucio previsto en las viviendas sociales de San Vicente de Paúl de Guadalajara, en el barrio del Alamín, tras posponer la Comisión Judicial la orden de desahucio.

De nuevo una amplia concentración ante las puertas de estas viviendas de casi un centenar de personas, convocados por la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, manifestaban su rechazo al desalojo "acampando desde la noche anterior, mientras en los alrededores del barrio se desplegaba un amplio dispositivo policial durante toda la jornada del miércoles, incluso con el corte de algunas calles.

Hubo momentos de tensión y enfrentamientos de estos manifestantes con algunos vecinos, de estas 60 viviendas sociales, con algunas amenazas y lanzamiento de cubos de agua desde las ventanas. 

Desde PAH Guadalajara, bajo el lema "Alamín no se vende" insisten en denunciar irregularidades en el manejo de subvenciones que la entidad San Vicente de Paúl de Guadalajara, y en que se anulen todos los desahucios previstos.

Por su parte los responsables de la Sociedad de San Vicente Paúl, rechazan de pleno estas acusaciones e informan que han vuelto a reunirse con responsables de la Junta y del Ayuntamiento, volviendo a proponer la cesión a título gratuito de las viviendas a la Junta de Comunidades para que se encargue de su gestión. Dicen en un comunicado que la Junta manifestó que no sería esta la mejor opción porque obligaría a subir los actuales alquileres, pasando a pagarse de entre los 13 y 50 euros actuales a unos 150 euros al mes, se plantearon otras posibilidades que van a ser estudiadas por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta y del Ayuntamiento.

También se estudiará la situación social de las familias que habitan las casas, para llevar a cabo actuaciones con ellas, y las condiciones en que se encuentran las viviendas.

El conflicto de fondo

Estas viviendas fueron construidas en la década de 1960 bajo el régimen jurídico de Viviendas de Renta Limitada, nombre que tenía entonces el sistema de Viviendas de Protección Oficial. Si bien en otras provincias de España el promotor fue directamente el Instituto Nacional de la Vivienda, en Guadalajara el sistema consistía en que una entidad pública o privada podía convertirse en promotor de vivienda protegida (parroquias, sindicatos, empresas, etc.).

Así ocurrió, por ejemplo, con el Barrio de Adoratrices o la Colonia de Sanz Vázquez, donde el promotor podía ser el Ayuntamiento o el Sindicato Vertical, a través de su Obra Sindical del Hogar. En Operación Alamín, la Sociedad de San Vicente de Paúl obtuvo la subvención para construir estas viviendas sobre un terreno donado por la Condesa Viuda de Romanones para este fin. En 1962, el Ministerio de la Vivienda calificó definitivamente esas casas como protegidas, y se hicieron las correspondientes entregas de llaves.

Según el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, el 95% de la inversión se sufragó con una subvención a fondo perdido, y el 5% restante mediante una campaña de donaciones realizada por Radio Juventud, uno de los órganos de la Falange.

Las viviendas nunca fueron transferidas

Este régimen jurídico consistía en que, tras el abono del préstamo hipotecario concedido por el Estado a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que a su vez se pagaba con las cuotas de alquiler que abonaban las familias, ésta debía otorgar las escrituras de compraventa en favor de las adjudicatarias, cosa que nunca ocurrió.

La propiedad fue retenida por esta entidad, que siguió cobrando alquileres y percibiendo subvenciones por el uso y mantenimiento de estas viviendas, y poco a poco fue desalojando a las familias originalmente adjudicatarias. En su lugar fueron ocupando estas viviendas otras familias sin recursos y mediante alquileres no declarados en unidades habitacionales en estado ruinoso.

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