CCOO rechaza la decisión de cobrar por la sanidad a las personas inmigrantes

Comisiones Obreras de Castilla la Mancha muestra su más profundo rechazo al nuevo Real Decreto de Sanidad, aprobado por el Gobierno Rajoy, "que restringe significativamente el derecho a la asistencia sanitaria del colectivo de inmigrantes que no tienen permiso de residencia2.

Desde esta organización sindical consideran que el Gobierno Rajoy toma medidas "contra los colectivos más vulnerables, haciendo hincapié sobre aquellos que no tienen nada; y pasando de largo sobre las medidas que puedan afectar a aquellos que podrían ayudar a salir de la crisis económica que atravesamos, como la lucha contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales o la economía sumergida".

Aseguran que a partir del 31 de agosto, los efectos de esta nueva y discriminatoria medida empezarán a notarse de forma significativa, dado que en ese momento dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente.

Se estima que hay más de 400.000 inmigrantes en situación irregular en España. Y se culpabiliza a un colectivo socialmente muy vulnerable. Una situación rechazada por los sindicatos y por la mayoría del colectivo sanitario, que prometieron de seguir atendiendo a los ‘sin papeles’ pese a estas medidas.

"El gobierno del PP buscó paliar el rechazo de su nueva medida con una chapuza sin precedentes, con una orden que establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año (59,20 mensuales). Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes)", explican los responsables sindicales.

Son cantidades similares a las que cobran las aseguradoras privadas por un seguro de salud. Y, obviamente, son prohibitivas para los inmigrantes: muy pocos tendrán capacidad adquisitiva para permitírselo.

Además CCOO señala que al excluir al colectivo de inmigrantes del derecho a la asistencia sanitaria, el Gobierno Rajoy también pone en peligro la salud de todos los españoles, aumentando el riesgo de contagio con muchas enfermedades y incumpliendo el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.