Viernes, 15 Julio 2016 17:44

Ante dimisión de la Directora Provincial de Educación

Escrito por Juan Leal Pérez-Chao
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La Directora Provincial de Educación, Cultura y Deportes ha dimitido esta semana. Quienes dimiten suelen acompañar su dimisión con explicaciones políticamente correctas, gozando  de gran popularidad los “motivos personales”. En el otro lado, quienes aceptan las dimisiones de otros, responden con un cortés agradecimiento a los servicios prestados por el cesante. Sin embargo, es muy difícil poner puertas al campo, y en los ambientes de Educación se comenta que esta dimisión tiene su origen en la falta de sintonía entre la dimisionaria, Rocío López,  y el Delegado de la Junta, Alberto Rojo.

Con el respeto que merece una decisión de este tipo, lo cierto es que la situación viene a complicar, en Guadalajara, el cuadro de una consejería agarrotada durante meses que, justamente ahora, parecía estar desperezándose. La organización del próximo curso, la entrada en vigor de nuevas disposiciones relativas a la aplicación de la LOMCE, las asignaciones de cupos de profesorado, y multitud de otros asuntos no menores requieren de la presencia de una cabeza visible que organice y coordine unos servicios de los que dependemos cuantos trabajamos dentro o en los alrededores del sistema educativo. A la espera de que pronto se produzca el relevo y vuelva la normalidad, cabe hacer algunas consideraciones sobre el sistema de gobierno de las representaciones provinciales de las Consejerías y del propio Gobierno Regional.
 
El gobierno de Mª Dolores de Cospedal, con la pretendida intención de rebajar el número de altos cargos políticos, decidió denominar “Servicios Periféricos” de tal o cual consejería a las hasta entonces llamadas Delegaciones Provinciales y, en consonancia con ello, pasó a señalar a sus responsables como “coordinadores” en lugar de “delegados”, asegurando que se trataba de cargos técnicos y no políticos. Así, la completa representación política del Gobierno Regional pasó a la figura del “Delegado de la Junta de Comunidades”, que ya existía con funciones de coordinador, y al que la nueva organización atribuyó mucho más poder, además de la portavocía universal de la acción de gobierno de su partido en la provincia.
 
El Gobierno del socialista Emiliano García-Page heredó -consciente del buen efecto que la reducción de cargos de confianza tiene  entre la ciudadanía- este modo de organizarse, con la única salvedad, que por otro lado es de agradecer, de cambiar la denominación de “Coordinadores de los Servicios Periféricos” por “Directores Provinciales”, mucho más breve, llana y descriptiva, pero igual de engañosa.
 
Es engañosa porque no hay gran diferencia entre el sueldo que cobra un Director Provincial y el que cobraba un Delegado Provincial de los de antes, y también porque siguen siendo cargos nombrados a dedo, con criterios no profesionales sino de partido y por consiguiente quedan sometidos a las limitaciones y presiones que el partido en el gobierno, a través del Delegado de la Junta pueda, quiera o necesite imponerles, por encima de su posible cualificación y criterio técnico-profesional. Es interesante resaltar que en este tipo de organización el Delegado de la Junta es superior jerárquico de los Directores Provinciales.
 
En relación con todo esto, hemos podido asistir a dos casos curiosos y complementarios en los últimos años. A saber, el de Directores Provinciales manipulados o coaccionados por Delegados de la Junta, contra los que nada pueden por haber sido nombrados desde la presidencia, y el de Delegados de la Junta que no pueden remover a Directores Provinciales (Coordinadores de Servicios Periféricos) por incompetentes que sean, ya que ello cuestionaría la autoridad de los consejeros que los nombraron. A juzgar por lo que se oía esta semana en los descansillos de la Delegación Provincial de Educación estamos en el primero de los casos, y a juzgar por lo que se oía en los mismos descansillos en la anterior legislatura, se trataba claramente del segundo.
 
Hay que acabar con esta situación. Si el Director Provincial ha de ser técnico, establézcase el concurso para su selección entre los posibles candidatos, y si ha de ser político, que lo sea, pero no se diga lo que no es. En ambos, pero especialmente en el primer caso, hay que delimitar con claridad las atribuciones de los Delegados de la Junta.
 
A ver si quienes tienen que hacerlos, ponen más atención a los nombramientos de cargos políticos, que los de Educación, Cultura y Deportes ya estamos bastante escaldados.

Juan Leal Pérez-Chao
Profesor de Secundaria Guadalajara

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