La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó el inform 2016. La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó el inform 2016.

Desde Guadalajara se elevaron 123 quejas al Defensor del Pueblo

Los castellanomanchegos elevaron 789 quejas al Defensor del Pueblo en 2016, de las que un tercio correspondieron a cuestiones relativas a la función pública y el empleo público y a la administración de justicia. Desde Guadalajara se elevaron 123 quejas al organismo que preside Soledad Becerril.

Así se recoge en el informe anual del Defensor del Pueblo, presentado por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el que se indica que la institución recibió el año pasado 173 quejas de Castilla-La Mancha relativas a la función pública y al empleo público, mientras que las quejas relativas a la Administración de Justicia enviadas desde la región ascendieron a 90.

El tercer bloque con un mayor número de quejas de castellanomanchegos fue el de impuestos, con 58, seguido de las 51 que se presentaron sobre la actividad económica.

Sobre empleo y seguridad social se enviaron a la institución 46 quejas desde Castilla-La Mancha, 45 sobre sanidad, otras 45 sobre medio ambiente, 42 sobre educación, 41 sobre política social, 36 sobre asuntos de Interior, 31 están en estudio y 30 están relacionadas con la administración local.

En materia de urbanismo, en 2016 se elevaron desde la comunidad autónoma 24 quejas al Defensor del Pueblo, que recibió también 23 quejas de castellanomanchegos sobre migraciones, 20 relacionadas con servicios públicos esenciales, 14 sobre cultura y otros ámbitos, 12 sobre centros penitenciarios, siete sobre vivienda y una sobre igualdad de trato.

Por provincias, desde la que se elevaron más quejas al Defensor del Pueblo fue la de Toledo, de la que partieron 340, seguida de la de Ciudad Real, con 173 quejas. A su vez, desde Guadalajara se elevaron 123 quejas, desde la de Albacete 105 quejas y desde la de Cuenca 48 quejas.

En el conjunto nacional, las autonomías que presentaron un mayor número de quejas fueron Madrid (5.216), Andalucía (2.165), Cataluña (1.425) y la Comunidad Valenciana (1.375), en tanto que el extremo opuesto, con un menor número de quejas, se situaron La Rioja (100), Navarra (156), Cantabria (196) y Baleares (282), además de las ciudades autónomas de Ceuta (43) y Melilla (83).

El año pasado la institución atendió a 554.788 personas a través de sus diferentes canales de atención al ciudadano y, por primera vez, realizó encuestas y consultas sobre temas de interés en los que han participado 23.000 personas.

En los diferentes apartados del informe, en el de medio ambiente se hace referencia concreta a Castilla-La Mancha en relación a los proyectos de fractura hidráulica ("fracking") y a la minería de tierras raras.

Sobre el fracking, cita el caso del permiso de investigación de hidrocarburos "Cronos" que afecta a Soria y a Guadalajara, y recuerda que el Ministerio ha subrayado que todos los proyectos existentes en España están en una fase muy preliminar y no se ha llegado a autorizar la ejecución de ningún sondeo con técnicas de fractura hidráulica de alto volumen.

Y en relación al megaproyecto minero de explotación de tierras raras en Campo de Montiel (Ciudad Real), el Defensor del Pueblo recuerda en su informe que ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que suspenda la tramitación ambiental de los proyectos de explotación mientras no se resuelva el problema de falta de agua para acometerlos.

Además, el Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la actitud entorpecedora que han mantenido una decena de alcaldes de otros tantos municipios, entre ellos los de Gerindote y El Viso de San Juan, en la provincia de Toledo.

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