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Andrés García Torrubiano, alcalde de Chiloeches, de Unidas Podemos. Andrés García Torrubiano, alcalde de Chiloeches, de Unidas Podemos.

El alcalde de Chiloeches espera que el juicio por el incendio transcurra con todas las garantías

El pasado 17 de junio se dictó el auto de apertura de Juicio Oral por el terrible incendio que se produjo en Chiloeches cuatro años atrás. Veinte mil toneladas de residuos peligrosos ardieron en ese incendio, en el que el equipo de gobierno de Ahora Chiloeches estuvo a pie de calle horas y horas. Lo que destapó ese incendio, fue precisamente lo que pretendía ocultar: un vertedero irregular de residuos que se acumulaban en la frontera con Madrid.

 Algo parecido sucedió en Seseña con el cementerio de neumáticos en mayo de 2016. Y es que hay que recordar que la planta incendiada de Chiloeches llevaba funcionando desde hacía varios años, siempre en situación de ilegalidad, hasta la llegada de la actual corporación dirigida por Juan Andrés García Torrubiano en mayo de 2015.

Para el alcalde de Izquierda Unida, “cuando llegamos de nuevas al Consistorio, y ante el peligro que esta situación suponía, iniciamos un ‘expediente para la legalización de la actividad’ y al no recibir respuesta alguna iniciamos otro ‘expediente para la cancelación de actividad’ que finalizó con la clausura el 17 de junio de 2016 por ‘actividad clandestina’ por no disponer de ‘licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento’ para el ejercicio de su actividad”.

García Torrubiano, recuerda que “tanto los vecinos y vecinas como las empresas colindantes llevaban años quejándose de fuertes olores en la zona y el barranco”.

El regidor de Chiloeches se desplazó a Bruselas en marzo de 2017 para reunirse con funcionarios de Dirección General de Medioambiente de la UE y trasladar su preocupación por la contaminación de los residuos tóxicos y su impacto y daños en la zona a raíz del incendio.

En la actualidad, cuatro años después del incendio, para el reelegido Alcalde de Chiloeches, García Torrubiano “en la apertura de juicio la fiscalía pide penas de cárcel e inhabilitación para 18 de los 21 imputados. Esperamos que el juicio transcurra con todas las garantías y que queden las cosas claras.”

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