Sara Simón recuerda que Román se autoexcluyó el año pasado, a pesar de que la mitad de los parados de la capital no cobran ya ninguna prestación. Sara Simón recuerda que Román se autoexcluyó el año pasado, a pesar de que la mitad de los parados de la capital no cobran ya ninguna prestación.

El PSOE pide al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Diputación que se sumen al Plan Regional de Empleo

La secretaria de la Agrupación Local del PSOE de la capital y diputada provincial, Sara Simón, ha pedido a los máximos responsables del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Diputación, Antonio Román y José Manuel Latre, respectivamente, que se sumen al Plan Regional de Empleo impulsado por el Gobierno de Emiliano García-Page para el periodo 2018-2020. El propio presidente regional anunció la semana pasada en la localidad de Cabanillas del Campo que facilitará la contratación de 60.000 personas en toda la región.

En este sentido, Simón ha subrayado que “es un plan sensible con quienes tienen más dificultades de inserción laboral y ya no perciben prestaciones”, como parados mayores de 45 años o jóvenes sin cualificación. “Por eso, esperamos que se sumen muchos ayuntamientos de la provincia, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, y que el Ayuntamiento de Guadalajara, el mayor de toda la provincia, no se autoexcluya esta vez, como hizo el año pasado”, ha señalado. 

De hecho, ha recalcado que Román no puede quedarse fuera cuando hay cerca de 5.500 parados en la ciudad y la mitad de ellos ya no perciben ingresos, y después de haber dejado sin ejecutar el 40% del dinero que el Ayuntamiento había presupuestado para ayudas al empleo el año pasado. “Esperamos que en esta ocasión deje de lado sus intereses partidistas, porque mientras que una sola persona de la ciudad se encuentre en situación de desempleo, no puede mirar hacia otro lado y seguir poniendo excusas. Tiene la obligación de utilizar cada céntimo de euro del presupuesto del Ayuntamiento para política de empleo y tiene que sumarse activamente al Plan de Empleo de García-Page”, ha recalcado.

El boicot del alcalde a este plan forma parte de una estrategia de confrontación contra el Gobierno regional, de la que están siendo víctimas los vecinos y vecinas de la capital y de toda la provincia. Román ha torpedeado importantes proyectos impulsados por García-Page para mejorar los servicios a los ciudadanos o avanzar en el desarrollo de la provincia, tales como el nuevo aparcamiento del Hospital o el campus universitario, que ha retrasado deliberadamente. Igualmente, ha renunciado en los tres últimos años a 44.500 horas de ayuda a domicilio financiadas por el Gobierno regional, pese a que en la ciudad hay más de medio centenar de personas en lista de espera para acceder a este servicio.  

La responsable socialista ha reclamado también al presidente de la Diputación, José Manuel Latre, que se adhiera al Plan Regional de Empleo, “porque muchos ayuntamientos lo necesitan y es una garantía para seguir generando empleo en el medio rural”. 

Castilla-La Mancha, pionera con la ley de Tutela Efectiva

Por otro lado, se ha referido la ley de Tutela Efectiva, aprobada hoy mismo en el Consejo de Gobierno regional, una normativa pionera en España que garantizar el apoyo de la administración y la atención a personas con discapacidad grave. “Es una ley que da respuesta a la angustiosa pregunta que se hacen muchos padres y madres que tienen hijos con discapacidad y se preguntan qué pasara cuando ellos no estén. Esta ley les da respuesta porque el Gobierno regional se va a ocupar de ellos”, ha explicado. 

Para ello, se habilitará un sistema de apoyo con cinco unidades provinciales de orientación y una oficina de coordinación regional y se ofrecerá una garantía residencial aprovechando las plazas públicas que tiene la Junta de Comunidades. “En cifras, cinco millones de euros en 2018 y la ampliación de 485 plaza residenciales para personas con discapacidad”, ha destacado, antes de recordar que muchas de las personas que van a beneficiar de la nueva ley son dependientes y que el Gobierno de Mariano Rajoy adeuda a Castilla-La Mancha cerca de 400 millones de euros en esta materia.

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