Lo de cobrar con tarjeta de crédito no es un capricho de quien desde hace seis años regenta esta gasolinera, Manuel Ortega, junto a su mujer Miriam Herrera, sino la única solución posible que encuentra para cumplir la ley, en concreto la Ley de Seguridad, que obliga a este tipo de establecimientos a estar dotados de una caja fuerte, que supone un gasto cercano a los 4.000 euros, pues tienen que ser un tipo de cajas fuertes específicas, con doble llave, ancladas y homologadas, que Ortega dice no poder asumir.
Y los paganos de la situación no son otros que la mayoría de los pocos habitantes de esos pequeños pueblos serranos, muchos de avanzada edad, que no tienen tarjeta de crédito, ni posibilidades de tenerla por bajos ingresos, amén de la falta de servicios bancarios, pero que si estaban acostumbrados a acudir a la gasolinera, por ejemplo, a por cinco euros de gasolina, para poner en marcha la motosierra con la que hacen leña para calentarse.
La historia es más rocambolesca de lo que aparenta. La gasolinera en principio si tenía caja fuerte, pero cuando la mujer de Ortega asume el traspaso de la misma, tras siete años cerrada, ya no estaban las llaves de la caja fuerte. Hace unos meses la Policía Nacional les comunicó que lo de la caja fuerte era obligatorio, y que sino se enfrentaba a una multa entre 20.000 y 100.000 euros o a la clausura del establecimiento desde seis meses a dos años. También le informan que podían solicitar una exención, ante la Subdelegación del Gobierno, por ejemplo por bajos ingresos en metálico.
Y así lo hizo Ortega. Presentó esa solicitud ante la Subdelegación del Gobierno y en un principio le fue denegada porque no justificaba los bajos ingresos en metálico. Recurrió el asunto, con certificados bancarios y con los de su gestoría en los que se demuestra que solo tiene un promedio de 170 euros diarios de ingresos en metálico, pero aún así se lo vuelven a denegar. Mientras, le comentan que la solución puede ser cobrar todo con tarjeta, y así se lo ha comunicado a sus clientes, y con ello ha vuelto a solicitar la exención de la caja fuerte.
“Me he reunido incluso con el subdelegado del Gobierno, Ángel Canales, que es un hombre muy correcto y que me ha atendido muy bien, pero no me dan soluciones”, se lamenta Ortega, que cada día recibe más quejas de esos pequeños usuarios, “que son la mayoría de los paisanos, porque el turista si que viene con tarjetas, pero los de aquí son los que pagan el pato”.
Ortega además advierte que la bajada de ingresos de esos clientes sin tarjeta, que es un 30% del total, le puede abocar al cierre, siendo esta una gasolinera estratégica en la zona, pues es la única gasolinera en muchos kilómetros a la redonda. Está la de Atienza a 30 kilómetros o la de Ayllón a 40 kilómetros, las más próximas. De hecho, antes de su reapertura, no era extraño encontrase turistas por la zona que venían de Riaza o del Hayedo de Tejera Negra, quedarse tirados sin gasolina.
Además del ejemplo del anciano que necesita gasolina para la motosierra, también hay pequeños ganaderos o agricultores que precisan combustible para sus tractores, el pequeño comercio que aquí va sobre ruedas, como el pan o la fruta, e incluso algún joven, aunque sean los menos, que se mueve con ciclomotor.
Este empresario rural reconoce que la ley hay que cumplirla, pero no entiende porque no le conceden la dispensa de la caja fuerte, con tan bajos ingresos en metálico, cuando la ley si que les permite tener hasta 1.200 euros para cambio en caja, “cantidad que yo no tengo ni por asomo de ingresos”.
Además señala este empresario que de tener la caja fuerte tampoco la usaría porque no es práctico. “Lo de la doble llave quiere decir que una tiene que estar fuera del establecimiento y venir solo a la recaudación, y esto nos obligaría a dos personas a estar pendientes de lo que es un pequeño surtidor, cuando en realidad si te quieren robar, bien pueden hacerlo cuando vas a recaudar”, explica Ortega.
Sobre la seguridad que puede ofrecer una caja fuerte, Ortega señala que la auténtica seguridad estaba en el cuartel de la Guardia Civil que tiene enfrente, y que lleva ya varios años vacío, por falta de efectivos, a pesar de que el Ayuntamiento acaba de rehabilitarlo. “Estos son los problemas reales del despoblamiento”, apostilla Ortega, “si se cierran los cuarteles, cierran los bancos y tenemos que cerrar las gasolineras, cómo quieren que quede gente en estos pueblos, pero estas son las ayudas que los políticos dan a nuestros pueblos vaciados”.
