Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, paso previo a su envío y su aprobación en las Cortes regionales, algo que previsiblemente sucederá durante el segundo trimestre de 2022, tal y como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

Con esta decisión “damos cumplimiento por parte del Gobierno regional a un compromiso que teníamos desde el principio de la legislatura”, ha dicho la consejera, quien ha añadido que ésta “era una deuda histórica con el colectivo LGTBI, que ha sufrido discriminación, violencia e invisibilidad durante muchísimos años y todavía hoy necesitan de la protección de sus derechos” por lo que expresado la satisfacción del Gobierno por su aprobación.

El objetivo de esta Ley es garantizar derechos humanos y constitucionales, ya que, tal como ha explicado Blanca Fernández, “es un desarrollo de la Constitución para garantizar la igualdad real, efectiva y de oportunidades y el derecho a la no discriminación por tu orientación o identidad sexual”.

La consejera ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido casi siempre punta de lanza en materia de igualdad con leyes tan importantes como la Ley contra los malos tratos o la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género; algo que sin embargo no ha sucedido en materia LGTBI.

“Por eso hablo de una deuda histórica que teníamos el compromiso de resarcir. Y la estamos compensando, quizá ya por parte del Gobierno la hayamos compensado, con mucho trabajo, con escucha activa permanente con los colectivos y buena parte de la sociedad. Por eso, además de ser una norma muy participada, que puede decirse que ha surgido de la ciudadanía, también está muy bien armada jurídicamente” y cuenta con la incorporación de todas las consideraciones esenciales del Consejo Consultivo, en palabras de la consejera.

Blanca Fernández ha agradecido, en especial, el trabajo constructivo y desde el primer momento realizado por las entidades LGTBI de Castilla-La Mancha, y también el de otras organizaciones y personas que a título individual han participado. En conjunto se han presentado más de 500 alegaciones a los distintos borradores que han servido para incorporar distintas perspectivas. En ese sentido, ha manifestado que el trabajo del Gobierno ha sido intentar aunar posturas porque “esta Ley tiene que servir para lanzar el mensaje de que en Castilla-La Mancha no solo estamos preparados para respetar la diversidad sexual, sino que estamos obligados y obligadas a protegerla”.

Por todas estas cuestiones, la responsable regional de Igualdad ha manifestado su confianza en que esta ley se pueda consensuar con los grupos políticos de la oposición, con los que ya se han mantenido conversaciones “fructíferas y positivas” que espera “se sustancien en un voto unánime”, ya que, tal como ha argumentado, los derechos de las personas deben estar por encima de los intereses de un gobierno o un partido.

El contenido 

La consejera ha recordado que la Ley se compone de 66 artículos estructurados en un título preliminar, cinco títulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y cinco finales.

También ha vuelto a enumerar sus principios rectores entre los que se encuentran  la protección de los derechos humanos y constitucionales; la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI; la garantía de la igualdad real y efectiva y la no discriminación que establece la Constitución; la perspectiva de género; su carácter integral y transversal; la prevalencia de la atención respetuosa a la diversidad; la cooperación interadministrativa; el deber de intervención ante la discriminación; la visibilidad a las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y el interés superior de la niñez.

Y en cuanto a los derechos, regula los mecanismos de implementación de igualdad y no discriminación; el libre desarrollo de la personalidad; la integridad personal frente a la violencia; la intimidad personal, familiar y propia imagen; la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados. 

Como aspectos novedosos, la norma contiene una clara referencia a la visibilidad de los derechos de las mujeres dentro del colectivo LGTBI bajo el principio rector de igualdad de género, así como a la formación en materia LGTBI dentro de las administraciones públicas de la región.

La futura norma hace referencia a la prohibición de las terapias de conversión y de la mutilación genital en bebes intersexuales, excepto si el criterio médico establece que es lo mejor para su salud; la despatologización de la transexualidad; medidas igualitarias de acceso a los recursos en el medio rural; la puesta en marcha del Consejo de Participación LGTBI en Castilla-La Mancha, y la del Servicio de Atención integral LGTBI, además de que la norma establece la posibilidad de evaluar si es necesario un recurso de acogida específico para las personas LGTBI que sufran una expulsión de su hogar por su orientación o identidad sexual; la personación como acusación popular de la Junta de Comunidades en caso de homicidio, asesinato o cuando las circunstancias lo aconsejen  o la búsqueda de referentes en materia de memoria democrática.

En la parte económica hay que destacar que esta Ley cuenta con memoria económica, con un programa presupuestario propio para 2022 y la creación de una unidad administrativa de Igualdad en la Diversidad LGTBI.

Más de 40 leyes al acabar el año

La consejera portavoz ha recordado que, en lo que va de legislatura, el Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha aprobado 29 leyes, lo que significa que cuando se apruebe ésta, ya serán más de treinta las que habrán visto la luz.

La previsión antes de que acabe el año es superar las 40 normas para continuar la senda de los avances sociales y la estabilidad. “Quiero poner en valor de nuevo la garantía de estabilidad del Gobierno de Emiliano García-Page que nos permite hacer normas muy adecuadas al momento para responder a los retos y problemas actuales”, ha concluido la consejera.

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