En ese sentido, Escudero ha destacado las principales novedades de la modificación como la actualización del marco de incendios forestales y la seguridad aportada al personal que realiza los trabajos de extinción y de la emergencia. Asimismo, contempla la declaración de interés general de los trabajos recogidos en los planes defensa y de emergencia por causa de incendios; la obligatoriedad de permitir labores preventivas; y la creación de un seguro de responsabilidad penal para personal responsable de la extinción.
También se procede a aclarar aspectos sobre restauración de incendios forestales como condiciones de saca de madera quemada por incendios, planes de restauración de interés general o ingresos por enajenación en montes públicos afectados por incendios, para restaurar los mismos.
La modificación de la ley otorga, además, seguridad jurídica y maximiza los aprovechamientos forestales, ha indicado el consejero. “Y, para ello, permite que las mancomunidades o agrupaciones puedan tener en su objeto social el aprovechamiento”, punto en el que el titular de Desarrollo Sostenible ha puesto como ejemplo la Mancomunidad del Alto Tajo, que ha conseguido mejorar la comercialización de la madera.
Desarrollo reglamentario del fondo de externalidades para los montes públicos
El consejero ha subrayado que, a través de esta Ley de Montes, “continuamos con el desarrollo reglamentario del fondo de externalidades y del fondo de mejoras de los montes de utilidad pública que ya se ha creado con la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha”.
Escudero ha explicado que con la medida se busca “consolidar el fondo de externalidades de los ecosistemas forestales. Somos una iniciativa pionera que nos convierte en referencia en el sector. Hemos creado la Alianza por los servicios de los ecosistemas con la que también queremos hacer pedagogía para decir a nuestra ciudadanía que nuestros ecosistemas forestales reúnen una enorme potencialidad y nos aportan valores esenciales para nuestra sociedad. Son sumideros de carbono, reguladores del ciclo de carbono, protegen el suelo, son reservas de biodiversidad, fijan carbono y por supuesto son motores de desarrollo rural”, ha enumerado el consejero.
Se trata, por tanto, de “un anteproyecto que nos coloca a la vanguardia en cuanto a la gestión forestal sostenible y de nuestros montes”, ha señalado indicando que espera que pase todos los trámites que tiene por delante, como la aprobación por parte del Consejo Consultivo “o, en las Cortes regionales, para que tenga la unanimidad de los grupos parlamentarios, porque es una ley que se merece el sector forestal de Castilla-La Mancha para generar riqueza en las comarcas rurales”.
Mayor superficie certificada y dos eventos sobre gestión forestal sostenible en la región
Escudero ha destacado que Castilla-La Mancha va a ser la Comunidad Autónoma con la mayor superficie forestal certificada del país, a través del sello FSC, llegando a alcanzar a finales de este año las 130.000 hectáreas en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. “Se trata de imprimir calidad a nuestra madera y dar valor a nuestro recurso en los mercados”, ha precisado.
Asimismo, el consejero ha indicado que, en el marco de la gestión forestal sostenible, Castilla-La Mancha va a tener en los próximos días dos acontecimientos de relieve. Por un lado, el jueves día 20 se celebra una jornada en Toledo sobre incendios forestales junto a la Fundación Felipe González (con la presencia del ex presidente), “que va a reunir a los directores de los principales dispositivos frente a incendios forestales”. Una cita a la que se sumará, la semana siguiente (26 y 27 de octubre en Guadalajara), el primer Foro Internacional de los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha, por el que “nuestra región va a ser el foco y el referente en la materia”, ha destacado Escudero.
Por último, el titular de Desarrollo Sostenible ha avanzado que se van a resolver antes de que acabe el año las ayudas por importe de 24 millones de euros en materia de gestión forestal, tanto para los ayuntamientos como para el tejido productivo, con una doble finalidad, “facilitar que puedan realizar trabajos silvícolas, por un lado; y cómo ayudar a que este tejido forestal de Castilla-La Mancha se pueda modernizar adquiriendo nuevos equipos y herramientas, por otro”.