Las Cortes regionales aprueban por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBI

Las Cortes regionales aprueban por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBI

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, presidido por Pablo Bellido, ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, en una sesión en la que más de un centenar de representantes del colectivo ha acudido al parlamento, en el Convento de San Gil de Toledo.

El proyecto de ley ha recibido el respaldo favorable de los tres grupos -PSOE, PP y Cs-, como ya ocurriera previamente en la Comisión de Igualdad. Se trata de la trigésimo primera iniciativa legislativa que ve la luz en esta X legislatura, y la cuarta en lo que va de periodo de sesiones. El dictamen ha sido defendido como ponente por la diputada socialista Charo García Saco y la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha intervenido para abrir y cerrar el punto, agradeciendo la unanimidad que habían expresado los tres grupos en este punto.

La nueva ley “tiene como objeto la consolidación y ampliación de los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o trans e intersexuales, y la adopción de medidas concretas mediante la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, evitando situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Castilla-La Mancha se pueda vivir la diversidad sexual en plena libertad”, según indica el primero de sus artículos.

Debates generales

La sesión había arrancado pasadas las diez de la mañana con un minuto de silencio en memoria de la taranconera Ouardia, mujer víctima de asesinato machista, en un gesto con el que el conjunto de la Cámara ha querido expresar su repudia a la violencia de género. 

Tras el abordaje del proyecto de ley, el Pleno ha desarrollado un primer debate general a propuesta del PP sobre la Comisión de control de los gastos reservados del Congreso de los Diputados, también llamada Comisión de Secretos Oficiales, “y sus repercusiones para España y Castilla-La Mancha”; y a continuación ha llevado a cabo otro debate general a iniciativa de Ciudadanos sobre “la necesidad de plantear una estrategia para prolongar la vida útil de la central nuclear de Trillo”, que ha contado con una breve intervención de cierre desde su escaño del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

En este punto, la resolución socialista que ha sido aprobada con sus 18 votos favorables y los 14 de la oposición en contra reclama al Gobierno de España “acompañar a los territorios donde se ubican” las centrales nucleares, como La Alcarria, “en procesos de transición justa para garantizar el desarrollo socioeconómico de la zona”. Además, apuesta por “fomentar el estudio y la investigación de nuevos vectores energéticos renovables como el hidrógeno verde”, así como “acelerar la transición energética, basada en energías renovables, para sustituir la energía nuclear en los plazos acordados con los operadores de las centrales en cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos”. 

Mientras, la resolución socialista -aprobada con 18 votos a favor, diez en contra y cuatro abstenciones- tras el debate sobre la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso explica que esta cuestión es “exclusiva y propia del funcionamiento interno de la potestad de autoorganización del Congreso”, y no del parlamento regional, y que por tanto es en este mismo foro donde se debe determinar su funcionamiento y composición.

El Grupo Popular ha retirado el cuarto punto del orden del día, un debate general sobre planes de empleo para autónomos, pymes y sector agrario, que aqueda así aplazado para una próxima ocasión. De este modo, la votación de la ley y del resto de puntos se ha adelantado a las dos de la tarde. Después, ya en el bloque de control al gobierno, el Grupo Popular ha formulado dos preguntas sobre el Centro de Salud de Villamayor de Santiago y sobre la cantidad adeudada por el Gobierno de España en materia de dependencia al Gobierno regional, respondidas por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

 

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