David Llorente diputado de Podemos por Guadalajara. David Llorente diputado de Podemos por Guadalajara.

PSOE y Podemos registran su petición para que la Junta no pague servicios religiosos

El PSOE y Podemos en las Cortes regionales han registrado una Proposición No de Ley en la cámara autonómica en la que piden que se suspendan las disposiciones derivadas de acuerdos que obligan a las comunidades autónomas a pagar con dinero público la atención religiosa de los servicios públicos.

En la PNL, presentada a las Cortes de Castilla-La Mancha el 26 de febrero y firmada por la portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, y por el portavoz de Podemos, David Llorente, se especifica que el parlamento regional insta al Gobierno central a "garantizar la libertad de cualquier persona a recibir la atención religiosa que precise de acuerdo a su confesión sin discriminación de ningún tipo".

El texto también propone que las Cortes insten al Ejecutivo central a "suspender cualquier disposición derivada de acuerdos y convenios internacionales que trasladen la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social".

En la exposición de motivos, se recuerda que según la Constitución Española, "ninguna confesión tendrá carácter estatal", si bien añade que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y la demás confesiones".

En este marco, añade que en 1985, España alcanzó un acuerdo con la Iglesia Católica sobre asistencia religiosa en centros hospitalarios, en virtud del cual el Estado asumía la financiación sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos.

De esta manera, continúa la PNL, se establecía la presencia financiada mediante contrato laboral o convenio, de capellanes católicos con cargo a los presupuestos de cada centro hospitalario.

Esta obligación, añade la PNL, fue transferida junto con la gestión de los hospitales a las comunidades autónomas y de obligado cumplimiento para las entidades fundadoras de cualquier centro de nueva creación.

La PNL afirma que, 30 años después de aquel acuerdo, España reconoce el "arraigo creciente de otras confesiones" y "aunque garantiza su acceso a los centros sanitarios, mantiene una situación de evidente discriminación que choca frontalmente" con el artículo de la Constitución que recoge que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por ello, la PNL considera que dicha situación, "además de evidentemente injusta a tenor de la evolución de la sociedad española, supone para los presupuestos generales de la comunidad autónoma un gasto de 425.470 euros destinado únicamente a la asistencia religiosa para los católicos en los centros hospitalarios o asistenciales públicos".

Tras considerar que esta inversión resta capacidad de atención sanitaria al conjunto de ciudadanos, también considera que es importante que cualquier ciudadano ingresado en un hospital pueda recibir asistencia religiosa de acuerdo a su confesión con plena libertad.

En un comunicado, el Centro Jurídico Tomás Moro ha tachado de "prevaricadora" esta PNL, que a su parecer va contra la Constitución Española y el derecho internacional.

Para este centro jurídico, esta PNL "solicita la supresión de facto de las capillas en los hospitales públicos de Castilla- La Mancha" y "solicita la suspensión de los acuerdos y convenios internacionales con la Santa Sede".
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