Nacho Hernando portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Nacho Hernando portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Rajoy dispone interponer recurso de inconstitucionalidad contra las 35 horas

La Junta busca que no haya ningún despido si se suspende jornada de 35 horas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dispuesto, a solicitud del Consejo de Ministros, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Castilla-La Mancha por la que se reduce la jornada laboral de los funcionarios de 37,5 a 35 horas semanales.


En una carta enviada desde la Presidencia del Gobierno a la abogada general del Estado, directora del servicio jurídico del Estado, el presidente explica que ha adoptado esta decisión "a solicitud del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 15 de abril de 2016".

Así, ha dispuesto interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la impugnación de la normativa autonómica por la que se modifica la jornada laboral semanal de los empleados públicos así como la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración autonómica, a fin de que se produzca la suspensión.

El presidente del Gobierno remite la carta, "por conducto de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional" a fin de que se interponga el mencionado recurso.

"Es un atropello constitucional", asegura Nacho Hernando

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está buscando las fórmulas legales para que no haya ningún despido de empleados públicos en el caso de que se dicte la suspensión cautelar de la norma autonómica por la que se redujo la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales.

El portavoz del ejecutivo de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se ha referido así al anuncio del gobierno de España de interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Castilla-La Mancha que regula la reducción de la jornada de los funcionarios desde el 1 de enero de 37,5 a 35 horas semanales, así como anulaba la jubilación forzosa a los 65 años.

En una comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, Hernando ha insistido en que la prioridad va a ser que, en el caso de que el Tribunal Constitucional ordene la suspensión cautelar de la norma autonómica, no se produzca ningún despido, y sobre todo ningún despido en la sanidad.

Ha recordado que la ley por la que se reduce la jornada laboral de los funcionarios y se anula la jubilación forzosa fue aprobada el pasado 2 de diciembre en las Cortes castellano-manchegas con los votos a favor del PSOE y Podemos.

El portavoz de la Junta ha considerado "un atropello constitucional" que un gobierno en funciones recurra un acuerdo de un ejecutivo autonómico aprobado en las Cortes regionales.

Hernando ha criticado que la expresidenta de la región y ahora presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general, María Dolores de Cospedal, "utilice los peones de un gobierno en funciones para seguir destruyendo nuestra tierra desde Madrid".

Ha dicho que Cospedal "se mueve por rencor y rabia a los servicios públicos y a la región", y en ese sentido ha indicado que, a mediados de noviembre, en una entrevista, "Cospedal afirmó que, si hubiese sido menos dura con los trabajadores públicos, ahora sería presidenta".

Pues bien, ha continuado Hernando, "se debe ver en la obligación de seguir siendo durísima con los funcionarios desde la oposición y desde Madrid" y los culpa de su derrota.

Ha afirmado que Cospedal actúa por "venganza política porque no soporta que 2 de 3 castellano-manchegos votaran a favor de su jubilación forzosa".

El portavoz del gobierno autonómico ha señalado que la suspensión cautelar de la normativa autonómica supondría volver a las 37,5 horas de trabajo semanales y a la jubilación forzosa, y de ello se resentirían los servicios públicos.

Nacho Hernando ha recordado también que el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, "se mostró convencido el 15 de febrero de que el gobierno de España no iba a recurrir, e incluso dijo que era una filtración interesada del gobierno regional".

Entonces, "o bien Gregorio mintió, o peor, ha sido desautorizado por Cospedal y Rajoy que sí ha ordenado interponer el recurso", ha afirmado Hernando.

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