El Juzgado Contencioso Administrativo ha decidido anular la sanción de 302 euros que en su día fue impuesta al diputado de Podemos en las Cortes de Castilla-la Mancha, David Llorente, acusado de convocar una manifestación no comunicada durante la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012.

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El juicio celebrado hoy contra el diputado de Podemos en las Cortes David Llorente por convocar una manifestación no comunicada durante la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012, ha quedado visto para sentencia.

La vista ha comenzado hoy a las 10.15 horas en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Guadalajara tras agotarse todos los recursos presentados contra la sanción de 302 euros impuesta a raíz de la denuncia de la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara y "en la vista de hoy se decidirá si la sanción se mantiene o se retira", ha apuntado hoy Llorente antes de entrar al juicio, siendo apoyado a la entrada por otros militantes y simpatizantes de izquierdas.

La Subdelegación del Gobierno de Guadalajara abrió expediente contra Llorente al acusarle de convocar una concentración no autorizada que derivó en una manifestación por las calles de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El diputado de Podemos ha señalado que la concentración fue convocada por sindicatos y el movimiento 15 M en la Plaza del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares,y que en ella participaron "cientos de personas".

Dicha concentración "derivó en una manifestación espontánea que recorrió las calles del pueblo", ha explicado Llorente, que ha señalado que dicha protesta fue "una de las más multitudinarias de las que se recuerdan en la provincia", y ha afirmado que él fue una de tantas personas que participó pero la Subdelegación le acusa de ser el convocante.

Llorente ha lamentado estos hechos y ha considerado que "la sanción es injusta", ya que ha sostenido que lo que hizo fue "ejercer un derecho fundamental como el de otras muchas personas".

El diputado regional de Podemos ha opinado que la sanción en su contra "forma parte de una estrategia represiva de la Subdelegación del Gobierno, encabezada por Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco que estos años ha estado sancionando a muchas personas por ejercer derechos fundamentales, de expresión, de concentración y de manifestación y la mejor manera de enfrentar esa represión es ejerciendo esos derechos".

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