El Gobierno central ha autorizado un trasvase del Tajo al Segura de 7,5 hectómetros cúbicos de agua exclusivamente para abastecimiento urbano y sin ningún caudal para uso agrícola.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aplaudido el reciente anuncio del Gobierno de España de sacar adelante, antes de que termine 2018, una legislación específica sobre Transición Ecológica para evitar por ley que se produzcan trasvases como el del Tajo-Segura.

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La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha explicado que con el de septiembre ya son 30 los recursos que se han presentado a los trasvases del Tajo-Segura y ha aprovechado para recordar que “si se siguen practicando por parte del Gobierno de España, el Ejecutivo regional va a seguir en la misma línea como venimos haciendo desde inicio de legislatura: alzando la voz en contra de estas derivaciones y oponiéndonos con todas nuestras fuerzas ante cualquier Gobierno”, mientras que ha detallado que así lo han hecho recurriendo tanto durante el Gobierno de Rajoy como con el actual.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cerrado hoy con el Grupo del PSOE regional la ronda de contactos con las fuerzas políticas de la región para analizar el pacto regional en materia de agua, tras los encuentros con los responsables de Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y PP, en las semanas pasadas, y tras cerca de una treintena de reuniones con entidades, desde económicas, sociales, agrícolas, pasando por las ambientales o los sindicatos, con el objetivo de conseguir una posición única en defensa de los intereses de los ciudadanos de la región en materia hídrica de cara a las futuras negociaciones a nivel nacional.

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La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha pedido al Gobierno explicaciones de cómo y cuándo se va garantizar la reducción del agua trasvasada del Tajo al Segura a medida que se aumente la cantidad de agua desalada. 

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conseguido hoy el compromiso del Gobierno central de intentar duplicar la capacidad de desalación en el Levante hacia el año 2021, para acabar haciendo “innecesario” el trasvase Tajo-Segura, así como de avanzar hacia un “auténtico” pacto del agua en el conjunto de España que traiga consigo “alternativas evidentes” a la gestión del agua.

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El delegado del Gobierno  en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, y la secretaria General del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Llanos Castellanos, han mantenido una reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno con los subdelegados de las provincias. 

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El director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha asegurado hoy que “nuestra región ha dejado de percibir más de 106 millones de euros que le corresponderían como compensación económica si se hubieran aplicado correctamente las tarifas a los usuarios tanto del trasvase, como del postrasvase”.

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"Qué se puede hacer cuando incluso el subdelegado de Gobierno en Guadalajara se preocupa más por garantizar el abastecimiento al Levante que por la salud de sus municipios, preguntan. Qué más tiene que ocurrir para que se sigan permitiendo cosas como el desembalse sin mesura ni vergüenza de las presas de Segura en este final de año hidrológico, para seguir forzando decretos de sequía".

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La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha denunciado que “no es que el Gobierno de España no esté cumpliendo con Castilla-La Mancha, es que no está cumpliendo con su palabra; pues lo que vino a decir la ministra Teresa Ribera es que los trasvases se iban a convertir en algo extraordinario y estamos viendo que, mes tras mes, se está convirtiendo en algo ordinario”. Así lo ha dicho en la valoración que ha realizado sobre la aprobación de la propuesta de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura para un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos y que ahora el Gobierno nacional debe decidir si autoriza o no.

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