Del papel al asfalto, comienza el Plan de Carreteras de Guadalajara

El acto de inicio de las obras se realizó en Budia“Cuando los alcaldes vemos las máquinas trabajando, ¡nos da una alegría!” decía con una sonrisa de oreja a oreja uno de los alcaldes que acudían a ver cómo comenzaban las excavadoras a comer cuneta para ensanchar la carretera que une Budia y Romanones. Es el Plan de Carreteras que soñó el anterior presidente de Diputación, José Carlos Moratilla, y que hoy presentaba orgullosa la actual mujer en el cargo, Mª Antonia Pérez León.


“El Plan de Carreteras ya es una realidad” anunciaba una Pérez León que no cabía en sí de júbilo. No es para menos, después de tanto trabajo llevado a cabo por la administración anterior y continuado por ésta, las carreteras más ajadas de la provincia lucirán firmes reforzados. También, se veía ufana a la alcaldesa de Budia, Ana María Sánchez, que recordó a Javier Borovia, “que no puede estar con nosotros ahora que esto comienza, después de todo el trabajo que ha invertido, por causa de su enfermedad” manifestaba Sánchez.

La presidenta se acordó también de Borovia y de todo el personal de Diputación, de los grupos políticos (que aprobaron el Plan con consenso), de las empresas que van a hacer esto posible (“habéis creído en el proyecto hasta ahora y ya podéis seguir haciéndolo” amenazaba de broma Pérez León) y de todos los que han hecho posible que, por fin, las carreteras empiecen a arreglarse.

“Sé que ahora, todo esto causará molestias, porque es un coñazo, pero cuando acabemos, será mejor” decía Cesar Esteban, representante de la UTE Acondicionamiento y Conservación Área 3, que es quien se hará cargo de reforzar el firme y ensanchar, hasta 5,5 metros, los 23 kilómetros de esta GU-932, que une Budia y Romanones. Aquí, la Diputación se gastará 2 millones de euros.

El Plan al completo costará 93 millones de euros, el presupuesto de la Institución durante año y medio. Para conseguir rascar euros que dedicar a este proyecto, la Diputación ha traspasado el Hospital Provincial Ortiz de Zárate y el Conservatorio de Música a la Junta. Además, ha pedido a los alcaldes que renuncien a algunos proyectos menores a favor de éste otro mayor.

Y es que, en total, se arreglarán y remozarán 1.000 kilómetros de carreteras de Guadalajara, en los próximos 3 años y, hasta 2015, el resto de 1.400 de la red. Pero Pérez León anunciaba que el 75% del proyecto estará acabado en 2011. Hasta ese año, se habrán gastado 75 millones de euros. Se llegará a 104 pueblos, de los cuales sólo 12 superan los 1.000 habitantes.

Mª Antonio Pérez León en el acto de inicio de las obras40 proyectos antes de acabar el año

La presidenta de la Diputación aseveraba que éste Plan traerá desarrollo en sí mismo, porque da trabajo a empresas y personas de la provincia (en este tramo de carretera también trabajará Acciona-Hocensa). Y no es la única carretera que se está reparando. Ayer, se empezaba en Anchuela de Pedregal, y se seguirá con La Yunta, Hombrados y su zona. En unos días, comenzarán los trabajos en Alarilla y en, también, en Pelegrina. Quieren que, al finalizar 2009, se hayan completado 40 proyectos. De momento, tienen casi finalizados 14 proyectos.

Además del empujón a las empresas de construcción, supondrá desarrollo para los pueblos que “han estado más alejados y, por eso, no se han incorporado al desarrollo” decía Pérez León. Aseguraba que, con mejores vías, las comunicaciones mejoradas permitirán que estos pueblos dejen de sufrir “las consecuencias de estar incomunicados, cambiarán su fisonomía y muchas cosas más” afirmaba la presidenta de la Diputación.

Como el momento era importante, se trasladaron hasta el punto de inicio de las obras todos los diputados-delegados de la Institución Provincial, también diputados del resto de partidos políticos en “la Casa” y alcaldes de la zona.

Un poco de historia

José Carlos Moratilla fue el impulsor de este Plan de Carreteras, que comenzó a programar cuando era presidente de la Diputación. En octubre de 2006, cuando la empresa TECO se hizo cargo de la evaluación de la viabilidad del proyecto, Moratilla expresaba su deseo de poder aligerarlo todo para que se pudiera comenzar antes de que concluyera la legislatura, pero al final, no pudo ser.

En el Pleno de Diputación de febrero de 2007, se aprobaba el Plan de viabilidad, comenzaba el Plan de Carreteras sobre el papel. Moratilla quería llegar a 160 pueblos, que se han quedado en 104, porque de los 250 millones de euros que se propusieron, ya antes de que Moratilla dejara la Institución, se quedaron en 164 millones.

La siguiente rebaja de 25 millones de euros la planteó Mª Antonia Pérez León casi nada más aterrizar en Diputación como presidenta. Para ahorrar y dejarlo en 139 millones, todos los grupos políticos al alimón se pusieron a estudiar el Plan de viabilidad, lo que retrasó el comienzo de las obras, pero era necesario.

Las modificaciones que permitieron el ahorro fueron: ceder a la Junta el arreglo de 115 kilómetros, en distintos tramos (-14 millones de euros); establecer acuerdos con agentes urbanizadores para que se hicieran cargo de unos 20 kilómetros y asumir, durante tres años más de lo previsto, el mantenimiento de las carreteras con los medios propios de la Diputación. En julio de 2007, quedó aprobado en Pleno esta modificación.

En septiembre, se abrió el periodo de alegaciones al Plan de Carreteras, que entonces iba a costar 139 millones de euros. El plazo concluía el 23 de septiembre de 2007. Se presentaron 89 alegaciones (la mayoría de los Ayuntamientos), que estudió el Servicio de Vías y Obras de la Diputación para elaborar un informe de cada una, que podría analizar un grupo de trabajo constituido por técnicos y representantes políticos de la Institución.

Como curiosidad, se puede apuntar que el tramo que hoy se ha comenzado a reparar es uno de los que se ampliaron tras las alegaciones. El estudio de viabilidad aprobado en noviembre de 2007, establecía tres áreas de concesión: zona norte de la provincia y el entorno de Sigüenza –con 357 kilómetros–; la comarca de Molina de Aragón –con 324 kilómetros–, y un tercer área que incluye el centro y sur de la provincia y la zona situada al norte de la ciudad de Guadalajara –con 650 kilómetros–.

En su anterior versión, tan solo se establecían dos áreas de concesión. Otra de las modificaciones recogidas incluía ramales y carreteras que no son de titularidad estatal o autonómica y que constituyen el principal o único acceso a un núcleo de población. Un total de 20 tramos. Por otro lado, se modificaron las actuaciones previstas en nueve tramos de vía: GU-932; GU-181; GU-970; GU-210; GU-159; GU-998; GU-969; GU-927; GU-127, y GU-9059. En la mayoría de los casos se trataba de adelantar el año de ejecución o cambiar la anchura inicialmente prevista. En las dos últimas vías citadas, que van de Sigüenza a Alcuneza y de Molina de Aragón a Castilnuevo, se incorporó un carril bici en uno de los márgenes.

Nuevos problemas

El Plan provincial de Carreteras con las alegaciones resueltas, se encontró con un nuevo problema. El 2 de noviembre de 2007 se aprobó un Real Decreto que fijaba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, y que condicionaba la aprobación de este Plan, puesto que el coste–rebajado entonces a 104.212.193 euros con un período de ejecución de 8 años–, se consignaría principalmente como deuda, al tratarlo como un aplazamiento de la financiación y la nueva norma imponía unas serias limitaciones al déficit, para sanear las arcas estatales.

Por eso, el Equipo de Gobierno aplazó la aprobación del Pliego de Contratación hasta que pudieran hablar y obtener respuesta del Ministerio de Economía. Como las cosas se iban retrasando, la Diputación aprovechó para ir arreglando pequeños tramos, con cargo a los Presupuestos de 2007, que se eliminarían del Plan, para hacerlo ‘más barato’. En total, se gastaron 20,7 millones de euros para el arreglo de 176 kilómetros de vías, algo más del 10% de la Red Provincial.

Al final, en el Pleno de diciembre de 2007, se aprueba el Plan, sin contar aún con la respuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. Para adaptar el Pliego a la norma dictada por el Gobierno central se revisaron sus clausulas para introducir garantías, con el fin de que, una vez adjudicado el proyecto, se pudiera llevar a cabo.

Las modificaciones afectaban, entre otros aspectos, a las fianzas, los mecanismos de seguimiento, el nombramiento de direcciones facultativas, el control a los adjudicatarios, o la introducción de requisitos que garantizasen su solvencia y su capacidad de obrar.

Además, aprovecharon para revisar los criterios de puntuación de las empresas que fueran a concurrir al concurso de adjudicación. Se priorizaron las ofertas que reducían los plazos de ejecución –establecidos en ocho años–, primando con una mayor puntuación ese aspecto que la cuantía económica.

Llegó enero de 2008 y la Diputación presentó unos presupuestos flamantes de 64,4 millones de euros (8 más que en 2007). Acudieron al Ministerio de Economía y Hacienda para defender que el gasto estimado para la ejecución del Plan no haría que la Institución incumpliera con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entonces, Pérez León defendía que la norma fija un endeudamiento máximo del 110%, por lo que, el anteproyecto de los presupuestos debería tener el aprobado, al prever una partida de 1.873.000 euros para el Plan de Carreteras, es decir, un endeudamiento de algo más del 67%.

En el Pleno de abril de 2008, se aprobó la incorporación de un crédito extraordinario de 12 millones de euros que se sumarían a los 1,8 millones presupuestados para el Plan. Así las cosas, el presupuesto para el Plan en 2008 quedó establecido en 13,8 millones, en torno a un 10% de los 139 millones inicialmente previstos para acometer este proyecto.

A todo esto, en mayo, aún no se contaba con el “de acuerdo” por parte del Ministerio. Además, se informó de que, una vez que éste diera el sí definitivo, la Diputación tendría que aprobar en pleno un nuevo pliego de condiciones que incluyera los ajustes y propuestas marcados desde el Gobierno nacional.

Por fin, el sí definitivo

En junio de 2008, por fin, Hacienda dijo sí. La Diputación obtuvo el beneplácito del Misterio, pero cargado de condiciones, que obligaron a la Institución a cambiar el sistema de la adjudicación y a ‘apretarse el cinto’ para asumir en esta legislatura el 75% de la inversión prevista (tal como exponía hoy Pérez León).

Una de las principales objeciones era el modo de adjudicación que, según el Pliego de Condiciones aprobado, se fijaba mediante concesión administrativa, generando un endeudamiento para las corporaciones futuras superior al 110% permitido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Por eso, el Ministerio exigía cambiarlo por un modelo de contrato convencional de obra y servicio por ocho años, que incluyese de forma “mixta” la realización de las carreteras y su conservación hasta 2015.

Así, los costes de contratación se reducirían. El gasto pasó de los 139 millones de euros a 112 millones, de los que 104 millones corresponden a las obras de arreglo y el resto a la conservación de las vías durante los ocho años de concesión. Con los cambios, la Diputación sólo pediría un crédito de 39,5 millones de euros, utilizando para el resto recursos propios.

Con ese planteamiento, en 2008 se licitaron 13,8 millones de euros; en 2009, 11 millones y 44 millones se licitarán en 2010. La inversión prevista en este mandato se completa con 10 millones en 2011. Así, la próxima corporación solo hará frente a 25 millones de euros de inversión en obras. Esto dejaba a Diputación al límite del endeudamiento máximo permitido por la Ley de Estabilidad presupuestaria.

La Ley establece que, en los tres años siguientes, en 2012 y 2013 solo podrá gastar 5 millones de euros cada año y subirá hasta los 7,5 anuales en 2014 y 2015.

Por fin, en el Pleno de junio de 2008, se aprobó el Plan de Carreteras, en su tercera intentona, en poco más de un año. Que es el que hoy se ha comenzado a ejecutar.

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