Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH). Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH).

Casi 70.000 firmas para impedir el encarcelamiento de un activista de la PAH

4 años y medio de cárcel es lo que le piden a Diego, un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y abogado de varios movimientos sociales,por haber fotografiado desde su ventana el desahucio de una familia, en una imagen en la que también aparecían los agentes judiciales.

Era un desahucio de una madre de sólo 17 años, un padre de 19 y un bebé de unos 5 meses. Cuando vio la situación decidió sacar cuantas fotos pudo y tras subirlas a redes sociales, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara ordenó borrar esa publicación cautelarmente porque, según la jueza titular, en ellas aparecían los agentes judiciales y la difusión de sus rostros constituía un "delito de revelación de secretos".

A pesar de que la fotografía fue retirada, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca difundió otra foto del auto de la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, en la que no sólo se ordenaba la retirada de la imagen, sino que se prohibía con carácter general fotografiar a los agentes judiciales en situaciones similares. Esta prohibición, que fue recogida por varios medios de comunicación de tirada nacional (Público, El Confidencial o Europa Press) motivó una cadena de reacciones contra la medida, porque suponía, en palabras del ex Letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, un acto de censura Un desahucio "sin piedad".

Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2019, cuando una Comisión Judicial acudía rodeada de agentes de la Policía local y nacional de Guadalajara a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Barrio del Alamín. En ella vivían una pareja de jóvenes, de 17 y 19 años y su bebé de pocos meses. El desahucio se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres, a pesar de la obligación de las Administraciones de no ejecutar desahucios sin solución habitacional, tal y como imponen múltiples tratados suscritos por España, y en especial a los que atañen a la protección del menor. Vecinas y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sorprendidos por la acción, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo, para luego difundir las imágenes en las redes sociales de la PAH, que resalta que "la respuesta de la Administración a esta forma de protesta ha sido contundente: el delito no es dejar una familia en la calle, el delito es señalar a los responsables".

"Una espada de Damocles sobre el derecho a la información"

La acusación que se formula contra Diego se basa en los llamados "delitos de revelación de secretos", una figura penal que sirve de esta manera para silenciar cualquier vergüenza de la Administración y que, según ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información"es una verdadera 'espada de Damocles' sobre el derecho a la información".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha lanzado la campaña #NoInformaras, que a través de la plataforma Change.org ha recogido un centenar de autoinculpaciones que han sido entregadas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara. En ellas piden la retirada de todos los cargos, ya que, según denuncian, el ejercicio de un derecho fundamental como lo es informar a la sociedad de hechos graves como es la actuación de agentes estatales dejando sin alternativa habitacional a niños y niñas sin recursos, no puede ser objeto de enjuiciamiento.

Amnistía Internacional pasa a examen el caso

El organismo de derechos humanos ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, que viene examinando desde que se hizo público, por la gravedad de las acusaciones que se realizan, el contexto de las mismas y el efecto que puede tener para el correcto ejercicio del para el derecho a la información. La persecución judicial de Diego por haber difundido la participación de agentes judiciales en un desahucio a menores en situación de vulnerabilidad es una herida muy grave al derecho a la libertad de expresión.

El potencial efecto paralizador que este juicio puede tener sobre periodistas y activistas que exponen a la Administración cuando vulnera los derechos humanos va a tener, sin duda, un profundo impacto en el derecho de la sociedad a saber qué hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.

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