Diego Herchoren en la concentración de hoy a las puertas de los Juzgados de Guadalajara. Diego Herchoren en la concentración de hoy a las puertas de los Juzgados de Guadalajara.

La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para el activista que fotografió un desahucio

Casi un centenar de personas han participado en la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a las puertas de los Juzgados de Guadalajara en apoyo al activista  Diego Herchhoren que hoy era juzgado por haber fotografiado y difundido imágenes del desahucio de una familia con menores en marzo de 2019.La fiscalía solicitaba para él 4 años y medio de prisión por un delito de injurias con publicidad, contra la intimidad y de desobediencia a la autoridad. La fiscalía ha rebajado hoy hasta 1 año y 6 meses la petición de pena para Herchhoren.

En la vista celebrada este jueves, la defensa del activista ha pedido la libre absolución alegando el derecho a la libertad de expresión, si bien ha adelantado que si hay una sentencia condenatoria, presentarán recurso y ha advertido de que si hay "que llegar a Europa para que España sea por octava vez condenada por vulneración de derechos fundamentales a la libertad de expresión como ya lo ha sido anteriormente llegaremos a Estrasburgo”, se hará. 

Entre los presentes en la concentración se encontraba el coordinador Autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, quien ha señalado que el juicio contra Herchhoren “evidencia la necesidad de seguir trabajando por un sistema judicial democrático que proteja los Derechos Humanos y a quienes luchan por ellos”. Así, considera que esta situación es “consecuencia directa” de la política de vivienda autonómica, la cual ha valorado como “catastrófica”. “El gobierno de García-Page lleva desde 2019 ignorando la tramitación de una Ley de Vivienda que, entre otras cosas, habría prohibido el desahucio sin alternativa habitacional de esta familia con dos menores a su cargo”, ha denunciado.

García Gascón, quien ya ha criticado duramente la postura del ejecutivo castellanomanchego con respecto a la vivienda en otras ocasiones, ha señalado que “la criminalización del derecho a la vivienda responde a una estrategia de mercantilización de derechos básicos”. En este sentido ha apuntado a la vivienda, la despoblación y la sanidad como “las gallinas de los huevos de oro para la red clientelar de PP y PSOE en Castilla-La Mancha”.

“Necesitamos una administración que no solamente no se pliegue, sino que no dependa tácitamente del beneplácito de fondos buitre, de grandes empresas del oligopolio y de fondos extranjeros de inversión”, ha argumentado. “No es casualidad que García-Page tenga parada durante más de dos años una Ley de Vivienda progresista y que en plena pandemia se pusiera a atacar al Gobierno de España y a impulsar una Ley Antiocupa. Ya estamos viendo a sus allegados cruzando las puertas giratorias que están comprando con nuestros derechos”.

Amnistía Internacional también ha mostrado su apoyo a este activista y ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso.

Visto 543 veces