La PAH explicaba este martes en rueda de prensa este procesamiento que considera "un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información". La PAH explicaba este martes en rueda de prensa este procesamiento que considera "un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información".

Piden 4,5 años de cárcel para un activista de la PAH que fotografió a la Comisión Judicial

La Fiscalía de Guadalajara, ha solicitado un total de cuatro años y medio de prisión para el activista de la PAH que en marzo de 2019 fotografió a los miembros de la Comisión Judicial que estaban ejecutando un desahucio en el Barrio del Alamín. Los funcionarios desalojaban a una pareja de 17 y 19 años y a un bebé recién nacido, cuando el imputado, vecino de ese barrio, protestó junto a otras personas desde los balcones y difundió las imágenes del lanzamiento.

La PAH explicaba este martes en rueda de prensa este procesamiento que considera "un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información". El auto de procesamiento señala al activista, con la unica acusación de la Fiscalia, como autor de un posible delito de injurias con publicidad, un delito contra la intimidad y otro de desobediencia, por el que el fiscal solicita un total de cuatro años y medio de prisión. En su escrito de acusación, Díaz refiere que cuando los agentes judiciales "habían realizado todas las diligencias correspondientes, y se encontraban esperando en la vía pública referenciada, el ahora acusado comenzó junto a otras personas no identificadas a fotografiar a los miembros de la comisión judicial, procediendo a continuación a subir dichas fotografías a diversas webs (Twitter, Facebook, etc.) desde la página de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas".

El fiscal se acoge al "derecho a la intimidad" de los funcionarios judiciales para formular esta acusación, "a pesar de que estaban practicando una actuación en la vía pública, mediante un procedimiento judicial que no era secreto y con un despliegue policial que llamaba la atención de cualquiera", afirman desde la PAH. Recuerda la Plataforma que en España "las actuaciones judiciales son públicas, siempre y cuando las mismas no estén bajo secreto, que no era el caso". Pero a pesar de eso la imputación la han enmarcado en los llamados "delitos de revelación de secretos".

El derecho a la información en peligro

Pero desde la PAH advierten que este procesamiento y esta actuación de la Fiscalía pone en grave peligro el derecho a la información. En aquella ocasión, los activistas de la PAH que hicieron aquellas fotografías y denunciaron en las redes sociales la actuación de la comisión judicial, fueron las personas que pusieron en conocimiento a través de las redes sociales una situación de abuso grave por parte de las autoridades.

Para más inri, fue la PAH la única entidad que difundió estos hechos, aunque algunos diarios digitales replicaron la información que desde las cuentas de la PAH se iba posteando minuto a minuto. Sin embargo, la fiscalía se ha agarrado a que los activistas fotografiaron los rostros de los agentes judiciales para iniciar esta causa, algo absolutamente habitual en los medios de comunicación.

Para la PAH, el trasfondo de esta imputación está en que se quiere censurar la posibilidad de que cualquier persona pueda documentar, con su teléfono móvil o cámara de fotos, un abuso de poder. El lanzamiento practicado por los agentes judiciales en marzo de 2019 suponía una vulneración grave de derechos humanos básicos, y en especial los de la infancia, pero por alguna razón alguien no quiere que se sepa que en España, y en Guadalajara, se desahucia a bebés, que es un acto miserable".

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