El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido modificar el Decreto de 18 de marzo de este 2020 por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, a fin de «allegar todos los recursos posibles, que permitan la concesión de ayudas para proteger el empleo y apoyar a la economía durante la crisis actual» ante la caída «acusada» del Producto Interior Bruto (PIB) que se prevé.

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El Gobierno garantizará servicios públicos "esenciales" como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus.

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