Un año de cárcel por agredir a un profesional del Hospital de Guadalajara

Un año de cárcel por agredir a un profesional del Hospital de Guadalajara

FeSP UGT informa que tras celebrarse el juicio en el día de hoy, se ha condenado al agresor de un profesional del Hospital de Guadalajara, por la tipificación de falta leve a una sanción económica de 4 euros/día durante 4 meses, a una indemnización de 150 euros por las lesiones producidas y a una pena de 1 año de Cárcel, al dársele la consideración de atentado contra una autoridad pública.

El sindicato ya manifestó su más enérgica repulsa e indignación, por los hechos acaecidos en mayo de 2015, en los que un profesional del Hospital de Guadalajara, fue cobardemente agredido por un usuario, durante el desempeño de las funciones del profesional en el centro hospitalario.

En este momento, valora satisfactoriamente la sentencia dictada hoy, que al considerarse como atentado a una autoridad pública, implica no solo sanciones de tipo económico, sino también de tipo penal.

En opinión de FeSP UGT, la administración debe tomar todas las medidas necesarias en defensa de los empleados públicos, no solo en el ámbito sanitario, sino en cualquier otro ámbito, para evitar este tipo de situaciones de agresión a profesionales en el propio centro de trabajo.

Desde la publicación en el BOE el 31/3/2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Se modifica el artículo 550, que queda redactado como sigue:

1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
Modificación que en todo caso debe difundirse y ser de dominio público, para evitar en la medida de lo posible dichas situaciones

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